REINCIDENCIA, DELINCUENCIA Y OTROS VACÍOS.

Durante la primera mitad de diciembre del 2014 hemos asistido a la publicidad de datos sobre indultados reincidentes en la comisión de un delito y, a partir de allí, un debate estéril acerca de si esas cifras son mayores o menores, verdaderas o falsas y se reiteran frases con cada vez tiene menos contenido, conceptos poco claros, estudios de discutible calidad científica e indicaciones de política pública que sometidos a un mínimo de preguntas no admiten consideración de seriedad ninguna. Es tiempo de un debate serio que busque construir políticas sociales efectivas y no solo respuestas de corto plazo, por demás represivas, que insistan en la estrategia de mano dura y alto costo social externalizado que han fracasado.


Partamos por algunas consideraciones de prensa que puedan ilustrarnos acerca del debate y del cual uno esperaría mayor rigurosidad.


Tras darse a conocer las cifras de reincidencia por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el diario La Tercera del domingo 7 de Diciembre el Subsecretario de esa cartera realiza un análisis sumamente criticable, que contiene sendas vulgatas conceptuales que son en verdad premisas ideológicas instaladas en el debate por largo, tiempo entre otros, por Paz Ciudadana y su mirada del crimen conductista y funcionalista. En la entrevista el Subsecretario Frey habla de puerta giratoria de la delincuencia, señalando que el gobierno anterior en vez de trancarla le puso un motor; luego indica que hay personas que tendrían una carrera delictual y en tercer lugar habla de delitos de alta connotación social. Su liviandad conceptual es inaceptable para alguien que ha sido puesto en una repartición especializada, es como si un subsecretario de economía ignorase que existe la microeconomía.


La idea de una puerta giratoria en materia de delincuencia no es un concepto técnico sino un eslogan político generado para colocar al “problema de la delincuencia” como un estado de caos que necesita ser combativo en una guerra sin cuartel –el lenguaje bélico no es casual atendiendo a la herencia militarizada de la derecha chilena y al magnífico negocio de seguridad privada que ello genera. Pero no es un concepto que obedezca a realidad alguna y así lo demostró el propio Presidente de la Corte Suprema quién en discurso ante la ENADE entregó cifras que vuelven ridícula esta fraseología. Dice Sergio Muñoz y cito textual que “Desde el año 2004 a junio de 2014, se han solicitado por el Ministerio Público 270.434 prisiones preventivas a nivel nacional. De todas ellas, una vez deducidos los recursos legales, se han mantenido las decisiones que niegan lo requerido por el Ministerio Público solo en 2837 casos, que representa el 1% de los requerimientos efectuados a los Tribunales”, aseguró el juez, “esta es la puerta giratoria, el 1% de las decisiones”. (El mostrador, 27 de Noviembre de 2014. http://www.elmostrador.cl/pais/2014/11/27/munoz-el-mas-politico-en-la-enade-la-gente-quiere-participar-del-beneficio-y-no-solo-del-sacrificio-de-las-inversiones/). Usar el concepto de puerta giratoria es no solo un error conceptual de magnitud sino además una falta de perspectiva política de cuantía, ya que el Subsecretario usa un lenguaje de otro sector político sin análisis alguno y al parecer ignorando la información entregada por el poder del estado que trata directamente con la arista penal del problema; simplemente imperdonable.


En similar falta de rigor cae cuando habla de carrera delictual y de delitos de alta connotación social. El termino carrera delictual no dice nada: ¿se referirá a que quienes cometen delito compiten entre sí por una estadística de velocidad o cantidad o querrá hacer referencia a un ascenso dentro de una estructura de puestos establecidos de antemano como en la carrera funcionaria de los trabajadores públicos?. Ambas cosas devienen en un absurdo y además habrá que advertirle que ya hace un buen tiempo la antropología social y la sociología han mostrado lo criticable de la fraseología del Subsecretario: la delincuencia no es una carrera sino un modo de vida económico y cultural complejo que no tiene una lógica ni de mercado ni funcionaria y que requieren un abordaje desde una mirada compleja, abandonando las llamadas ideologías re (reincidencia, reinserción, etc.) para pensar en cómo se trabaja una articulación material y cultural de realidades; segundo, no hay una estructuración articulada y piramidal como esconde la idea de carrera que pretende instalar toda vez que las formaciones sociales son más dúctiles y menos estructuradas de lo que se pensaba hace cincuenta años por ejemplo. Al parecer tampoco el Subsecretario ha seguido las películas de Scorsese que han retratado ese cambio.


Aún más criticable es la idea de delitos de alta connotación social, un concepto claramente clasista y no objetivo sobre el delito. ¿Quién ha definido cuando un delito es de alta connotación social y cuando no? EL Subsecretario menciona tres: narcotráfico, hurtos y robos. ¿Pero podría explicarnos porque éstos serían de mayor connotación social que aquellos delitos de carácter económico que se configuran mediante una planificación que va de a poco abarcando y dañando de manera hormiga primero y abiertamente después a miles de personas y su actividad cotidiana? ¿Por qué hurtos, robos y narcotráfico son de mayor connotación social que el monopolio y abuso de poder, la colusión de empresas para manipular los precios, las estafas programadas del tipo La Polar, el dinero negro del financiamiento político que fomenta una corrupción larvada que comienza en las elecciones y nadie sabe como extiende su influencia para amparar otros hechos lícitos e ilícitos que se producen y reproducen en la vida política? ¿Por qué el narcotráfico y especialmente el microtráfico serían de mayor connotación social que el tráfico de influencias y el tráfico político? La mirada del Subsecretaria es vacía o interesada, pero en ambos casos clasista, subjetiva y no técnica.


Es necesario hacer acá una primera observación de fondo sobre la materia: subyace bajo esa perspectiva la idea conductista funcionalista de la derecha republicana y neoliberal norteamericana que visualiza a la delincuencia (otro concepto ambiguo) como hechos ejecutados siempre por desadaptados, de clase baja y prevalecientemente de piel oscura (negros, latinos, indígenas, mestizos) pero que visualiza a otros hechos como inadecuaciones económicas que se verifican en el mercado y que éste mismo corregirá. En ésta mirada las estafas, el uso de posición económica abusiva, de posición social abusiva como la pederastia religiosa, de información privilegiada, delitos de connotación económica, etc. son valorizados de manera diferente y se reserva la idea de delincuencia para delitos de rapiña cometidos por pobres y no para actos cometidos por ricos. Como bien lo señala el jurista brasileño Augusto Thompson “la ideología convence que el crimen es cosa típica de las personas pobres. Un individuo rico pues, puede llegar a ser considerado por sus pares como deshonesto, inmoral, inmerecedor de confianza, experto, impiedosos, un hombre de negocios duro, nunca, con todo, un verdadero delincuente, un bandido, capaz de merecer los atroces torturas de una penitenciaría”. (THOMPSON, Augusto. Quem sao os criminosos. O crime e o criminosos. Entes políticos. Lumen Juris. Río de Janeiro. 1998. Página 54.)


Volvamos ahora al debate para develar las otras aristas carentes de cientificidad para referirse a un problema levantado como campo de lucha política antes que como producción de políticas públicas adecuadas.


A la presentación de datos del Subsecretario Frey le ha respondido, entre otros, el ex Subsecretario de Prevención del Delito del Gobierno de Sebastián Piñera, Cristobal Lira, quién además de sus puyas contra el gobierno actual señala un par de cosas necesarias de analizar por la falta de rigor absoluta en sus apreciaciones. Ha señalado que “Una de cada dos familias es víctima de robo, es decir, eso no lo habíamos visto en Chile”, que para ello se refería a fuentes de los “índices de Paz Ciudadana sobre victimización” y que de las personas indultadas “el indulto de 4 mil personas, que fueron mil extranjeros y tres mil chilenos, que eran personas que no habían cometido delitos graves y que estaban en libertad, es decir, tenían libertad en la semana o el fin de semana, era gente que estaba en el medio libre, por lo tanto, esta gente ya estaba libre”. (http://www.theclinic.cl/2014/12/12/se-armo-ex-subsecretario-de-prevencion-del-delito-dice-que-gobierno-miente-con-cifras-de-indultados/). Lo anterior es aún más criticable que la falta de consistencia del actual Subsecretario.


Que la mitad de las familias hayan sido víctimas de un robo es insostenible. Si más allá de las cifras oficiales de un Censo defectuoso suponemos una media de diecisiete millones de chilenos y una familia promedio estaría compuesta por 5 personas, el primer resultado sería que en Chile existirían tres millones cuatrocientos mil familias de las cuales un millón setecientas mil familias habrían sido víctimas de robos. ¿Por quienes, por la otra mitad, por parte de ellas mismas? ¿Se trata en verdad de delitos o de una guerra de secesión de alto impacto? Huelgan comentarios.


En segundo lugar señaló que las cifras que menciona provienen de los índices de Paz Ciudadana. Este tema da para una discusión mayor y de fondo –que escapa a estas líneas- sobre el carácter científico o de construcción de apariencia de realidad que realiza Paz Ciudadana a partir de sus informes de victimización. Al respecto digamos solo dos cosas:


a) Paz Ciudadana ha construido un doble concepto para desplegar su actividad y ambos equívocos. Por una parte habla de delincuencia sin hacer distinción ninguna de a que se refiere. Sabemos son embargo que el concepto delincuencia puede ser tanto un campo de conocimiento de un fenómeno sociopolítico formado por la confluencia de comisión de delitos dentro de un sistema de legalidad que tipifica ese delito (que requiere estudios científicos y no mero uso de encuestas y estadísticas) y por otro es usado interesadamente para construir un fenómeno social que sindica a personas como delincuentes sin que necesariamente lo sean para el derecho penal y que crea un grupo social al que llama delincuentes. Para el uso que Paz Ciudadana hace de éste concepto permanentemente recurre a la idea que las personas son víctimas de la delincuencia, que hay que combatir la delincuencia, que la delincuencia es un fenómeno serio y amplificado. Sin embargo es necesario precisar que en verdad las personas pueden ser víctimas de violencia por fenómenos que van desde agresiones familiares, abusos de niños, riñas, lesiones, uso abusivo de la fuerza por la policía (que no se señala como delincuencia) o por crímenes como robo, hurto o estafas. Lo que hay que combatir entonces son la violencia y la criminalidad que tienen causas, ejecuciones y efectos circulares y no lineales, que no se enfrentan solo con más mano dura, estrategia que en Chile claramente se ha venido propiciando y usando desde el año 1994 a la fecha en que Paz Ciudadana comienza su trabajo que nutre ideológicamente primero a la derecha y luego de forma transversal al espectro político.


b) Paz Ciudadana ha usado permanentemente el concepto de victimización y de percepción de victimización de la delincuencia, conceptos que son ambiguos y equívocos y nunca bien precisados. Una persona en el contexto de sus trabajos puede ser víctima o bien de un delito directamente o bien de miedo a ser objeto de delito o de situaciones de violencia. Y en sus índices se usan en un sentido de ambigüedad tal que nunca se sabe exactamente a que se refiere, además de estar construidos en base a metodologías cuestionables y de las que nunca se tiene acceso a su contenido sino solo a los resultados.


Analicemos brevemente el Índice Paz Ciudadana-Adimark 2014 (www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2014/10/ipc-2014-version-extensa-v4.pdf) y veremos que existen una serie de cuestiones ampliamente criticables:


· Se habla de un índice 2014 que en verdad fue construido en una encuesta de los meses de Junio a Septiembre de 2014, es decir sólo un cuatrimestre.


· El estudio es en verdad una encuesta y no un estudio, hecho de manera telefónica a 7720 encuestados.


· No aparece ni el tipo de preguntas ni la forma de los cuestionarios usados, es decir no puede saberse que marco conceptual y terminológico fue usado.


· Puede verse que se usa el concepto de victimización sin acotarlo, es decir sin saber si se trata de personas efectivamente objeto material y directo de un delito o si de su percepción.


· Aparece señalando un aumento del porcentaje de víctimas fuera de la comuna que sube de 6,7 a 9,7%. Pero no indica a que comuna se refiere ya que antes ha señalado el universo de encuestados es de 52 comunas.


· Habla indistintamente de haber sido objeto de robo o intento de robo, sin especificar a que se refiere esto último ya que n se describen situaciones objetivas por tipo penal en grado de tentativa.


· Al hablar de revictimización indica textual que “Esto revela que hay una alta concentración de la actividad criminal en un número reducido de hogares.” Lo que desmiente absolutamente el hecho que la mitad de las familias hayan sido objeto de robos.


· Luego refiere a denuncias y a conformidad con la denuncia sin señalar tasas reales, a índices de temor, a índices de violencia en el barrio sobre una pregunta dudosa como es si ha visto alguna forma de violencia en el barrio, a comparaciones por percepción si la delincuencia en el barrio es mayor o menos y no a datos duros, etc.






La conclusión no puede ser sino una: Los índices de Paz Ciudadana no son científicos, no descansan en conceptos objetivos ni en datos ciertos y buscan solo construir una imagen sobre los presupuestos de quienes elaboran el estudio y no sobre un fenómeno real. Paz Ciudadana debe ser puesta bajo sospecha y la información que entrega no debiera ser usada para definir políticas sobre delincuencia sin un análisis exhaustivo previo sobre su metodología, seriedad y relevancia.


Llegamos así al origen de éste falso debate y que son las cifras de reincidencia y que se debería hacer. Asumamos como cierta la cifra que uno de cada cuatro personas que fueron indultadas reincidió en la comisión de delitos y hagámonos ciertas preguntas básicas que deberían estar en el debate:


1. ¿Sabemos por qué esas personas en específico han reincidido en actos delictuales y las otras tres no?


2. ¿hay estudios de seguimiento de las condiciones sociales, culturales, de trabajo y conductuales de éstas personas al interior de los penales y a su momento de egreso?


3. ¿han existido políticas de acompañamiento, previas y posteriores a éste egreso para evitar la reincidencia o simplemente se les ha dejado a todas ellas expuestas a salir al medio libre y encontrar su lugar en el mercado?


4. ¿Cuáles son las tasas permanentes de reincidencia en Chile, a que delitos, en qué condiciones sociales y de inserción laboral, cual es su evolución social acompañadas a que políticas sociales de egreso y trabajo?


5. ¿Cuál es la tasa global de reincidencia en el tiempo y en regiones de desarrollo económico similar al chileno para comparar adecuadamente?


Al parecer de nada de eso se sabe demasiado, pero también que respecto de todos los hechos del supuesto debate sobre delincuencia –que en verdad es solo intercambio de acusaciones- existen más silencios que conocimiento objetivo, evaluado y bien construido científicamente. Podemos hacer otras preguntas más de fondo:


¿Cuál es el centro de recopilación y análisis científico de información con que cuenta el Estado de Chile? ¿Qué investigaciones y proyectos de estudios se realizan por las universidades chilenas? ¿En cuántas carreras de derecho, de sociología, antropología o trabajo social hay asignaturas de criminología o sociología jurídica o sociología de la violencia? ¿Quién diseña e implementa las políticas sociales de reinserción de presos en Chile y como se relacionan con políticas de prevención de delitos y violencia y no solo de represión?





Tenemos más vacíos que respuestas y así todo debate deviene en falacia y no en políticas de estado.